Una ola de autoritarismo recorre el mundo desde hace casi dos décadas. Se materializa en dos tendencias hermanas que se refuerzan mutuamente, y con cada pequeña victoria de cada una de ellas, la ola se expande y acelera su crecimiento sin que, en apariencia, haya barrera alguna que la frene. 

La primera de estas tendencias es la mayor asertividad de los Estados, especialmente de los no democráticos, en la arena internacional, en detrimento de los organismos multilaterales. Y la forma más dramática en la que se expresa esta asertividad es el recurso a la fuerza para resolver las controversias territoriales. El final de la Segunda Guerra Mundial estableció un consenso mundial según el cual el empleo de la fuerza militar contra un Estado requería de la aprobación de las Naciones Unidas, y siempre bajo la premisa de garantizar la paz y la seguridad internaciones. Incluso cuando no se contaba con esta aprobación, como fue el caso de la invasión de Irak en 2003 por parte de EEUU, el agresor invocaba de forma espuria alguna justificación para la salvaguarda de dicha seguridad; en aquel entonces, las inexistentes armas de destrucción masiva.  

En la última década, en cambio, el recurso a la fuerza opera sin subterfugios, y en clara violación del derecho internacional, pues este último pasa a considerarse una amenaza en sí para la seguridad nacional del agresor. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 es el ejemplo más evidente de esto. El supuesto derecho de Rusia a defenderse de una amenaza ficticia para su seguridad se utilizó como casus belli para violar la integridad territorial de Ucrania. Pero el ejemplo más brutal de esta práctica de reconfiguración de fronteras por la vía armada en nombre de la seguridad nacional es el genocidio que el gobierno de Netanyahu perpetra actualmente sobre la franja de Gaza, ante la pasividad de la comunidad internacional, con total impunidad y retransmitido en directo a través de las pantallas de los teléfonos móviles de todo el planeta. 

La segunda tendencia en la que cristaliza esta ola autoritaria es el crecimiento sostenido de los movimientos populistas ultraconservadores en el interior de las democracias liberales asentadas; un crecimiento favorecido y financiado por Estados no democráticos, como muestran las relaciones del Kremlin con los grupos de ultraderecha europeos, pero también por las grandes compañías tecnológicas multinacionales, propietarias de las redes sociales más populares y ajenas a cualquier control democrático. Es sintomático que el pasado año 2024, en el que tuvo lugar el mayor número de convocatorias electorales registrado en toda la historia de la democracia a nivel mundial, no ha servido para detener la marea autoritaria. Al contrario, el regreso de Trump a la presidencia de los EEUU de la mano de los millones de dólares invertidos en su campaña por Elon Musk, propietario de X, ha supuesto su consagración.

Esta ola de autoritarismo tiene causas profundas que hunden sus raíces en la inseguridad económica mundial, las crisis económicas, sanitarias, migratorias y ecológicas de los últimos años, y en un entorno global hiper competitivo en el que las potencias occidentales pierden hegemonía frente a la emergencia de los BRICS. Es, en definitiva, una respuesta al caos. Como movimiento es complejo, múltiple y contradictorio, pero tiene un objetivo claro que lo unifica y dota de dirección: el desmantelamiento de la democracia y de su correlato necesario, el derecho internacional.   

Tanto los regímenes autoritarios como los populismos ultraconservadores comparten un mismo ethos: el desprecio por la razón, por la objetividad, por las reglas universales y por cualquier idea cercana a la participación democrática. Por el contrario, promueven un culto a la inmediatez, una subjetividad visceral, la total ausencia de mediaciones en la toma de decisiones, y los liderazgos fuertes. Desde su punto de vista, la democracia es solo un conjunto de reglas inoperante, lento e intrínsecamente corrupto. 

La democracia, como el derecho internacional o los Derechos Humanos, es inseparable de los conceptos de objetividad y jerarquía de valores. Donde estos faltan, no puede haber reglas, debate, ni confrontación de ideas. Tampoco puede haber participación en igualdad de condiciones, ni derechos universales. En un universo moral donde solo rigen la subjetividad y las reacciones primarias más inmediatas, el recurso a la fuerza es el único árbitro posible. Es lo más lógico. Si todas las ideas, valores e intereses son igualmente lícitos y no existe un proceso a través del cual discernir cuáles son mejores o más convenientes para la mayoría, tampoco existe la necesidad de llegar a pactos o de hacer cesiones. Al contrario, cualquier pacto es una traición, cualquier cesión, una derrota. En tal contexto de confusión, ruido y amenaza, la única manera de hacer que prevalezca un cierto orden y seguridad para el propio grupo, sea cual sea, es la violencia.

Este irracionalismo autoritario que se extiende globalmente como un nuevo sentido común de época es común al fascismo clásico, que no fue tanto una celebración exacerbada de la identidad nacional, como el ataque sistemático a la razón democrática y a sus instituciones fundamentales, vistas como amenazas existenciales para la propia tribu.  

Pero al fascismo, antes y ahora, se le puede y se le debe confrontar, y para ello es vital no dejarse llevar por la desesperación ni por la impotencia. La democracia necesita de ciudadanos activos y responsables, que se comprometen con la vida pública, que participan. Participar en política es justo lo opuesto al seguidismo acrítico que busca el autoritarismo en cualquiera de sus formas. La ola autoritaria no quiere ciudadanos conscientes, sino por súbditos desesperados por la llegada de un mesías guerrero que los libere de la incertidumbre.  

La participación política de los ciudadanos, cada uno desde sus coordenadas particulares, es lo único que detendrá el tsunami reaccionario. Participar no es solo votar, aunque también es defender el derecho al voto, ahora también bajo asedio. Participar es ir más allá, es tomar la iniciativa, ya sea en organizaciones políticas, sindicales, vecinales, ONGs o asociaciones internacionales en defensa de la democracia y de los Derechos Humanos. En insuflar vida en todos los órganos que constituyen una sociedad civil dinámica y no domesticada, que asume sobre sus hombros la responsabilidad de enfrentar los problemas y no se deja amedrentar por miedos imaginarios.

Pero participar también es, por encima de todo, tomar parte. Es no permanecer indiferente ni neutral ante la injusticia, el abuso de poder y la pérdida de derechos y libertades. Participar es señalar con el dedo a los vendedores de miedo y a los agitadores del odio. Es combatir el fascismo del siglo XXI. Por lo tanto, participar es, también, mojarse apoyando manifiestos como Un siglo después: una nueva carta abierta contra el regreso del fascismo, que retoma el espíritu de la carta contra el fascismo italiano impulsada por Benedetto Croce en 1925 para recordarnos que la democracia y las libertades no están garantizadas si no se practican. Nos va la vida en ello.